Del interés público al interés privado: el proyecto presa Los Pilares en la perspectiva de los derechos humanos, indígenas y universales

Las presas grandes son obras de ingeniería civil que suelen implicar una enorme inversión de recursos públicos.  Constituyen, a la vez, megaproyectos que abarcan ganancias para muchos gremios técnicos, además de proveedores diversos, contratistas de muchos servicios, también autoridades y, por supuesto, banqueros. En México, y en otros países, las expropiaciones pertinentes a estas obras son justificadas por la “causa de la utilidad pública”, como sucede ahora con la actual estrategia de los actores interesados en relación al proyecto presa Bicentenario, como obra prioritaria de protección civil.

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Manifiesto NO al SONORA SI

Al analizar la historia de los conflictos (y negocios) generados por estos proyectos – desde su anuncio inicial, pasando por las acciones de la empresa coordinadora (pública y/o privada) y las respectivas expropiaciones o imposiciones realizadas, hasta cerrar las compuertas de la obra por primera vez-, se advierte la carencia de diseños y la ejecución de proyectos que respeten los derechos y el bienestar de los afectados.  No se les ofrece participar en los beneficios de las inversiones que trastornan sus vidas.  Una revisión de los impactos de diversas presas hidroeléctricas en sus respectivas regiones en México, por ejemplo, nos arroja una conclusión genérica: el desplazamiento obligado por el futuro embalse programado provoca mayor pobreza y la violación de derechos humanos y ambientales para familias y poblados “reubicados”. Esta es la amenaza actual del pueblo guarijío y también el seguro deterioro de la calidad de vida de los habitantes de la Cuenca del Río Mayo, la cual será afectada en su biodiversidad y también en su patrimonio cultural ancestral y viviente.[1] La diferencia es que en este caso pueden habilitarse medidas preventivas de los procesos de deterioro sociocultural y ecológico que sabemos que provocan las presas y los desplazamientos por estos y otros motivos.

En el caso guarijío, no cabe duda de que la principal amenaza procede no solamente del proyecto de la presa y sus posibles alternativas técnicas sino especialmente por la prisa en la ejecución de la obra por parte de los promotores del proyecto, el estado ambiguo de la legislación mexicana sobre lo que constituye el “interés público” y, también, la serie de irregularidades hasta ahora detectadas, que testimonian un proceso donde la posibilidad de desplazamiento, aun dentro de la propia región, representa solamente uno de los riesgos que el proyecto traerá consigo.

Hasta ahora la voluntad del pueblo guarijío ha convergido en la unidad frente al proyecto y su posición es no estar de acuerdo con la obra y no aceptar la pérdida de su territorio, debido a que el impacto ambiental afectará no solamente los terrenos inundados sino que abarcará el conjunto de la cuenca del Río Mayo, pero muy especialmente lo que constituye el corazón del territorio guarijío en Sonora, ubicado en el cruce del arroyo Guajaray con el Río Mayo y que es una región particularmente rica en su biodiversidad. Tanto el posible desplazamiento como la afectación al territorio son riesgos verificables, susceptibles de ser desactivados por la vía de la gestión política y jurídica. En este sentido es relevante recurrir al derecho internacional humanitario (DIH) y los derechos humanos universales (DHU) como medidas no solamente preventivas sino de elementos pertinentes en la negociación de alternativas.[2] La situación que enfrentamos en la perspectiva de las comunidades guarijías, en riesgo de desplazamiento forzado por la posible construcción de la presa, nos lleva a identificar el acto de autoridad que invoca el “interés público” para realizar esa obra, como una potencial violación de los derechos colectivos específicos del pueblo guarijío a salvaguardar su integridad territorial y patrimonio cultural, ergo a no ser desplazado por esa causa o que su territorio se va transformado por los numerosos cambios que traerá consigo un embalse de esta magnitud.

Bajo el concepto de “Economía Verde”, ingentes cantidades de dinero provenientes de la especulación financiera, buscan nuevas oportunidades de negocio y lucro en la naturaleza.
Cortometraje de animación sobre el secuestro de la naturaleza por los mercados financieros.

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[1] Merece comentarse que actualmente existen numerosos proyectos de presas grandes en el país cuyos estudios de factibilidad técnica y financiera han sido concluidos. Algunos proyectos de construcción han generado amplios movimientos sociales de resistencia cuya eficacia han paralizado, hasta hoy, la obra programada: San Juan Tetelcingo (CFE / Guerrero), La Parota (CFE / Guerrero), Paso de la Reina (CFE / Oaxaca), y Las Cruces (CFE / Nayarit). En otros la resistencia a los mismos es aún incipiente: Boca del Monte / Tenosique (CFE / Chiapas). Chicoasen II / Copainalá (CFE / Chiapas) y Paso Ancho (CONAGUA / Oaxaca), sin detallar proyectos factibles de escala menor o mediana, al parecer concesionadas a empresas privadas en los ríos de Chiapas, Puebla y Veracruz.  Además, se encuentran en su fase de construcción La Yesca (2012, CFE / Jalisco), Río Moctezuma (2014, CFE / Hidalgo) y Francisco J. Múgica (2012, CONAGUA / Michoacán), estos últimos, sin datos contrarios, con impactos sociales reducidos.  Otros proyectos en conflicto incluyen la presa hidráulica El Zapotillo (CONAGUA / Jalisco) y Los Picachos (CONAGUA / Sinaloa), así como el pago de compensaciones a la única comunidad inundada y desplazada por la presa El Cajón comisionada en 2006 (CFE /Nayarit) (Robinson 2012).

[2] Cabe señalar que el DIH refiere a los derechos inalienables de las personas que deben ser salvaguardados por los Estados y actores multilaterales en cualquier circunstancia. En cambio, los DHU refieren a un sistema de derecho internacional que determina como sujetos de derecho a los Estados, los organismos multilaterales internacionales, las organizaciones no-gubernamentales y las fuerzas beligerantes, por encima de las personas y los pueblos que quedan sujetados a tales códigos del poder global. Tal contradicción se hace evidente cuando se habla de la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, que no son reconocidos o garantizados por los Estados en sus sistemas constitucionales. En 1998 se proclamaron los Principios Rectores para Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas como parte de los DHU, que identifican como factores causales: violencia generalizada, violación de derechos humanos, conflicto armado, desastres naturales y provocados por la acción humana; si bien se parte del principio universal de que la gente tiene el derecho fundamental a no ser desplazada, configura los elementos básicos de protección, atención, estabilización y soluciones duraderas para las poblaciones desplazadas como obligación no vinculante de los Estados.

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Un comentario en “Del interés público al interés privado: el proyecto presa Los Pilares en la perspectiva de los derechos humanos, indígenas y universales

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