Para una intervención preventiva del riesgo de desplazamiento

Indígenas desplazados en Chiapas

El desplazamiento forzado puede ser una decisión legítima como consecuencia no deseada de acciones legales o ilegales, que detona contingencia o catástrofe humanitaria y etnocidio al mismo tiempo que constituye una estrategia de sobrevivencia y autoprotección; el acontecimiento puede ser activado intencionalmente como amenaza, imponiéndole a las personas y comunidades la pérdida de medios de sustento, bienes patrimoniales y redes sociales.

Esta noción describe la circunstancia de riesgo al desplazamiento ilegal forzado por la violencia y conflicto armado, donde la gente debe tomar la decisión sobre el umbral a partir del cual permanecen en sus poblamientos-territorios en resistencia, o huyen por la amenaza a su integridad y seguridad; sin embargo, la situación de riesgo para una comunidad a ser desplazada por acto de autoridad que se esconde bajo el argumento del interés público superior para construir una presa, niega sus derechos colectivos como pueblo indígena a preservar la integridad de su territorio ancestral, así como violenta su derecho humanitario a no ser sujetos de desplazamiento forzado.

La cuestión es que, la defensa de los derechos de las comunidades a no ser desplazadas implica un gradiente de causales que nos lleva a configurar perfiles socio-políticos y jurídicos como entrono de la intervención preventiva, donde se caracteriza el posible acontecimiento como una amenaza legal por acto de autoridad o ilegal por poderes fácticos; ahí se vuelve ambiguo el sentido y la evidencia acerca de la arbitrariedad del móvil.

En una lógica preventiva, algunos actos de autoridad podrán ser asimilados como actos arbitrarios legalizados, donde el objetivo estratégico de la intervención requiere distinguir situaciones relativas a la violación de derechos y marcos legales: a) la arbitrariedad jurídico-administrativa en la actuación gubernamental, buscando las inconsistencias de la acción corrupta u omisa respecto al marco legal y las reglas de operación institucionales; b) la amenaza diferencial para las comunidades indígenas y otras poblaciones en función de su vínculo con el territorio; c) la vulnerabilidad en el ejercicio de derechos colectivos de las comunidades a la preservación de la integridad de sus tierras, como condición de existencia y para hacer valer su consentimiento libre e informado respecto a la expropiación de su territorio.

El potencial desplazamiento puede abordarse como delito y no sólo como amenaza, en este caso la noción de presunto delito se complica cuando se refiere a un acto de autoridad no consumado aun pero que podría violar derechos humanos universales y garantías constitucionales. Aquí, la prevención se refiere a suprimir las causas fundamentales del posible desplazamiento, donde buscamos desactivar el probable abuso de autoridad como arbitrariedad legalizada en la cadena de causalidad.

Desplazamiento masivo en la comunidad de Chinguirito, en Nariño, Colombia, a causa de los combates en la zona entre el ejército nacional y grupos insurgentes. La comunidad tomó la decisión como última alternativa para poder salvaguardar sus vidas y no poner en riesgo el futuro de su pueblo indígena.

El abordaje situacional en estos procesos de diálogo y gestión debe garantizar que la población amenazada mantenga la potestad de decidir sobre quedarse y resistir o negociar los términos del desplazamiento forzado, el umbral está en el cálculo de los riesgos al quedarse y al irse donde el indicador es el grado de sufrimiento y la violación de derechos. Los actores de poder y grupos de interés también pueden perseguir su objetivo con actos de intimidación y violencia de baja intensidad en contra de la resistencia de las comunidades en riesgo, así como pueden desarrollar estrategias administrativas y mediáticas para desviar la atención sobre su objetivo final.

Zapater de ACNUR propone que, la estrategia preventiva correcta cuando hay poca claridad respecto a la legalidad del acto, y hasta que se aclare, es abogar por los principios del derecho internacional humanitario* y evitar actos de fuerza; advierte sobre los actores que sean percibidos como amenaza real o potencial para los intereses territoriales y políticos de quienes buscan y promueven el desplazamiento, serán sometidos a presiones para neutralizarlos, reclutar su apoyo o eliminarlos, según el grado de resistencia.

La prevención asumida como protección al riesgo de desplazamiento, implica una dificultad técnica y práctica para la instalación del proceso de diálogo-negociación o para llevar el caso a proceso ante la autoridad jurisdiccional (cual fuere ésta), en vista de que busca demostrar el posible daño a la vida, la integridad o la dignidad, provocado por algo que no ha sucedido pero puede ocurrir en un futuro inminente. La identificación de las comunidades en riesgo no demuestra que se haya consumado la violación de derechos, por lo que requiere probar su vulnerabilidad.

Los textos hablan del “umbral de activación diferencial” refiriéndose a que, el acontecimiento del desplazamiento no ocurre homogéneo y simultáneo para la toda gente, identificando como indicador del grado de riesgo: a) los que tienen más o menos qué perder, b) los que tienen mejores o peores mecanismos de supervivencia/adaptación, c) los que tienen menor o mayor apego a la tierra; de tal forma que, recomiendan considerar como factor de eficiencia en la intervención para la protección preventiva que haya puntualidad respecto a la proximidad del umbral y un alto grado de organización de las comunidades en riesgo.

Para concluir retomamos la legislación colombiana, que postula acciones de prevención del desplazamiento forzado desde la jurisdicción del Estado y prescribe: a) orientación a las comunidades en riesgo, b) solución por vías jurídicas e institucionales de las causas, c) análisis de la viabilidad para interponer recursos constitucionales y legales para erradicar la violación de derechos, d) proposición de mecanismos alternativos contra la arbitrariedad.

Ese marco legal promueve la adopción medidas sociales, económicas, jurídicas, políticas y de seguridad, orientadas a la prevención y superación de las causas del posible desplazamiento; mandata garantizar medidas especiales cuando se trate de comunidades indígenas y negras, constituyendo grupos ciudadanos de apoyo; instruye la asesoría específica a las autoridades y funcionarios que inciden en el proceso.

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* El Derecho Internacional Humanitario (DIH), se refiere a los derechos inalienables de las personas que deben ser salvaguardados por los Estados y actores multilaterales en cualquier circunstancia, incluso a pesar o en contra de los intereses de los gobiernos y sus fuerzas armadas, particularmente en situaciones de guerra o catástrofe que provoquen migraciones forzadas a través de las fronteras internacionales; es ambiguo establecer quién puede tener la potestad de hacer valer estos principios, en última instancia el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Médicos del Mundo, Médicos Sin Fronteras y el Tribunal Penal Internacional de La Haya se sitúan en esa competencia.

 

.HAY UNOS MÁS VIVOS QUE OTROS“, documental sobre desplazamientos provocados por la construcción de presas, de Scott S. Robinson, 1992, Universidad Autónoma Metropolitana, México.

 

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Un comentario en “Para una intervención preventiva del riesgo de desplazamiento

  1. Se conoció por fuentes fidedignas que alguien anda queriendo hacer negociaciones paralelas allá en la sierra, tengan mucho cuidado

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