Las presas y otros megaproyectos…

Las presas grandes son obras de ingeniería civil que suelen ser una enorme inversión de recursos públicos. Constituyen, a la vez, megaproyectos que abarcan ganancias para muchos gremios técnicos, además de proveedores diversos, contratistas de muchos servicios, también autoridades y, por supuesto, banqueros. En México, y en otros países, las expropiaciones pertinentes a estas obras son justificadas por la “causa de la utilidad pública”. Pero al analizar la historia de los conflictos (y negocios) generados por estos proyectos – desde su anuncio inicial, pasando por las acciones de la empresa coordinadora (pública y/o privada) y las respectivas expropiaciones o imposiciones realizadas, hasta cerrar las compuertas de la obra por primera vez, se nota la carencia de diseños y la ejecución de proyectos que respetan los derechos y el bienestar de los afectados. No se les ofrece participar en los beneficios de las inversiones que trastornan sus vidas. Una revisión de los impactos de diversas presas hidroeléctricas en sus respectivas regiones en México, por ejemplo, nos arroja una conclusión genérica: el desplazamiento obligado por el futuro embalse programado provoca mayor pobreza y la violación de derechos humanos y ambientales para familias y poblados “reubicados”. Pero otros megaproyectos también provocan estragos semejantes.

Hoy las presas – hidroeléctricas e hidráulicas — son no sólo ejemplos de la imposición de una estrategia energética sui generis del Estado (y sus socios), sino también se han convertido en símbolos de un modelo de desarrollo agresivo, extractivo y violador de derechos fundamentales de las comunidades — por los desplazamientos en condiciones discrecionales e injustas que estos proyectos engendran. Me atrevo a afirmar que las presas representan un género de proyectos de inversión y despojo de gran escala que desplazan a ciudadanos y poblados de manera arbitraria, sin conceder participaciones en los negocios que siempre son. Este nuevo género o conjunto también abarca concesiones mineras, carreteras de cuota, campos eólicos, nuevos desarrollos petroleros, puertos industriales, desarrollos turísticos e inmobiliarios, y proyectos afines de inversión que provocan desplazamientos de personas sin participaciones en los beneficios de los mismos. El patrón histórico indica que los desplazados de hecho se convierten, sin consultas previas ni opciones dignas, en víctimas del “progreso”. Y el anuncio de nuevos proyectos detona un proceso de movilizaciones – en la región de la obra planeada, entre las pocas organizaciones sociales que se oponen al modus operandi tradicional de la conducción de estos megaproyectos, y quienes, últimamente, se aprovechan para bien de las redes sociales digitales para difundir y ampliar cualquier campaña. Las presas y las demás inversiones afines suelen ser megaproyectos impuestos y conflictivos que no merecen nuestro respaldo o aval bajo las reglas actuales.

Megaproyectos-de-Oaxaca12-1Hay varios proyectos de presas grandes en el país cuyos estudios de factibilidad técnica y financiera han sido concluidos. Sus respectivos proyectos de construcción han generado amplios movimientos sociales de resistencia cuya eficacia han paralizado, hasta hoy, la obra programada: San Juan Tetelcingo (CFE / Guerrero), La Parota (CFE / Guerrero), Paso de la Reina (CFE / Oaxaca), y Las Cruces (CFE / Nayarit). Otros proyectos han sido anunciados y sus estudios previos se ubican en fases avanzadas, pero la resistencia a los mismos es aún incipiente: Boca del Monte / Tenosique (CFE / Chiapas). Chicoasen II / Copainalá (CFE / Chiapas), Bicentenario (CONAGUA / Sonora), y Paso Ancho (CONAGUA / Oaxaca), sin detallar los proyectos factibles de escala menor o mediana, al parecer concesionadas a empresas privadas en los ríos de Chiapas, Puebla y Veracruz. Además, se encuentran en su fase de construcción La Yesca (2012, CFE / Jalisco), Río Moctezuma (2014, CFE / Hidalgo) y Francisco J. Múgica (2012, CONAGUA / Michoacán), estos últimos, sin datos contrarios, con impactos sociales reducidos. En cambio, la construcción de la presa hidráulica El Zapotillo (CONAGUA / Jalisco) alcanza, según informes, un 40% de avance, mientras se mantiene la resistencia tenaz de una parte de pobladores del pueblo por sumergirse de Temacapulin. La presa, también hidráulica, de Los Picachos (CONAGUA / Sinaloa), en obra (2012?), ha generado muchos conflictos hasta hoy por falta del pago de compensaciones y el cumplimiento de otros acuerdos con los seis pueblos afectados. De igual manera, hay compromisos pendientes para la única comunidad inundada y desplazada por la presa El Cajón comisionada en 2006 (CFE /Nayarit). El mosaico es conflictivo y distribuido por el territorio nacional, hoy complementado por pleitos entre empresas mineras, la mayoría extranjeras, ahora desarrollando concesiones para oro, plata y otros minerales en diversos puntos de la accidentada topografía nacional. Presas y minas son hoy la cabeza de playa de un modelo extractivo de inversión pública y privada que despoja a los afectados a cambio de promesas , compensaciones pichicateadas y “reacomodos” sin futuro (p. ej. Ciudades Rurales en Chiapas).

El nivel de las resistencias sostenidas – que representan un enorme e injusto desgaste para los afectados movilizados durante meses, hasta años – indica que el actual modelo de planeación y ejecución de estos megaproyectos no es apropiado. Más bien, ya caducó. En corto, las inversiones autorizadas representan despojos disfuncionales y autoritarios por parte del Estado y sus socios. O las elites responsables del diseño, programación, financiamiento, y ejecución negociada de estos proyectos comparten un insólito nivel de cinismo – donde se celebra con gusto macabro dominar el costoso juego político de vencer – por la ley o por la fuerza — a las resistencias inducidas por las injusticias y desconfianzas colectivas de los afectados, ante los compromisos ofrecidos pero históricamente incumplidos en estas obras; o el nivel de los negocios, legítimos y no, involucrados en los múltiples procesos comerciales y micropolíticos asociados con cualquier megaproyecto es tal, que se justifique la actual reticencia e inercia de autoridades e inversionistas para modificar las reglas de operación de estas inversiones ante los hechos documentados, las críticas abundantes y las propuestas de cambio. El pueblo comparte una memoria histórica, y la bitácora de las presas proyectadas y el actual acelerado anuncio de más concesiones mineras e inversiones mixtas hoy acontece cada vez con más información y denuncias al alcance de todos. O las autoridades públicas federales provocan pleitos con las comunidades a propósito, o por la soberbia de pensar que el actual modus operandi constituye un proceso manipulable que cumpla con su versión sui generis de la modernidad. El modelo impuesto es injusto y muy costoso para los afectados y desplazados (y de paso, el país), pero todavía remunerativo para autoridades e inversionistas. Sin embargo, es evidente que este cuadro de confrontaciones continuas no puede sostenerse de manera indefinida.

A nueve años de haber iniciado el movimiento de resistencia contra el Proyecto Hidroeléctrico Presa La Parota, el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota reafirmó, en un comunicado, su decisión de seguir defendiendo la tierra, el territorio, el agua, la biodiversidad y, sobre todo, la posesión comunitaria de las tierras, la autonomía y la autodeterminación de los pueblos.

Este escenario, nada encomiable, se resume de la siguiente manera: una historia palpable de acciones sistemáticas por agencias del Estado – sexenio tras sexenio – construyendo presas (y cada vez más, aprobando otros megaproyectos con desplazamientos e impactos) donde se observa una socialización de los costos y una privatización de los beneficios; una planeación y administración inadecuada y, en efecto, negligente del futuro bienestar de todos los afectados por los proyectos; la ausencia de una “controlaría social” para fiscalizar las obras; se ha generado un desencanto y una desconfianza generalizada – entre los sujetos de nuevos proyectos receptores de promesas “para su desarrollo”, algo entendible, por los incumplimientos, omisiones y corruptelas (costos de sombra) evidentes en las obras concluidas y conocidas; un marco jurídico deficiente, débil y fragmentado a nivel federal, donde se carece de los obligados análisis transparentes de los riesgos de mayor empobrecimiento y el diseño de instrumentos para garantizar, por ejemplo, la restitución de la capacidad productiva vigente antes de cada proyecto; la falta de respeto a los acuerdos internacionales (p. ej. OIT / Convenio169); la realización de Manifestaciones de Impactos Ambientales parciales o sesgadas (a veces “confidenciales”), soslayando el costo social y ambiental de las obras; la subutilización de plantas generadoras por parte de la CFE (se operan las hidroeléctricas a sólo 31.4% de su capacidad – REFORMA, 23 marzo 2012) al tiempo que se anuncian nuevos proyectos hidroeléctricos con inversion privada; las implicaciones de probables impunidades implícitas en obras por realizarse de acuerdo a la nueva Ley de Asociaciones Público Privadas (DOF 16-01-2012); la ausencia de un programa eficaz para el ahorro de energía y agua; el rechazo a considerar a los desplazados como socios en el respectivo negocio de cualquier obra; y, a final de cuentas, la carencia de un plan de desarrollo energético que respeta a las comunidades y sus recursos, concediéndoles beneficios concretos en la explotación de los recursos del subsuelo, el agua y los bosques en sus territorios ancestrales. En breve, no debe sorprender el actual nivel de oposiciones y resistencias ante los diversos megaproyectos – en construcción o anunciados, cuando la inmensa mayoría hoy son inversiones privadas autorizadas, pero con reglas improvisadas en materia de los desplazamientos forzosos e impactos ambientales de las poblaciones afectadas.

¿Cuáles, entonces, serían las reglas y condiciones óptimas para avalar megaproyectos a futuro? Antes de responder a esta incógnita, es necesario confrontar una cuestión fundamental e ineludible: ¿es capaz el Estado Mexicano de realizar o coordinar proyectos de inversión de gran escala hoy que no violan los derechos e intereses de las familias y comunidades afectadas por los mismos? La respuesta, me temo, es negativa, ante el escenario de las actuales reglas de operación, condiciones y correlaciones de fuerzas. Para reconocer lo que son en el fondo los derechos morales de los afectados, se requiere una reforma jurídica integral a nivel federal, junto con un notable cambio en los valores y acciones – la cultura política — de las distintas autoridades responsables del diseño y/o autorización de los megaproyectos diversos, junto con sus socios del sector privado y la banca. Hoy día esta propuesta de reformar las reglas de operación, etc. es, ¿porqué no decirlo?, utópica, y la lucha para alcanzar cambios profundos en el modelo de desarrollo energético enfrenta muchos intereses y obstáculos encumbrados. Un paso importante, sin embargo, ha sido la aprobación recién de una Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas (Periódico Oficial No. 355, Tuxtla Gutiérrez, 22-02-2012), donde se asienta un causal pertinente, entre otros: “…catástrofes naturales o provocadas por el ser humano…”. Los megaproyectos – presas, minas de tajo abierto, carreteras de cuota, etc. – suelen ser catástrofes pronosticables y provocadas, según los criterios que consideramos sensatos, justos y conforme a una emergente jurisprudencia internacional.

La nueva ley chiapaneca representa un simple punto de partida, que requiere una movilización de la sociedad civil y cambios profundos en la ética política para que se aplique cabalmente esta legislación precursora y novedosa, cuya reglamentación queda pendiente. Es el momento de reproducir esta legislación (y lo que conlleva con otros cambios legales y reglamentarios), a nivel federal y en los demás estados. Mientras esto sucede, no hay condiciones para avalar los nuevos megaproyectos diseñados con reglas caducas y autorizados por entes oficiales con criterios discrecionales e ilegítimos.

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