Desplazamiento forzado de Comunidades Indígenas en México

Los informes del Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico –de 2007-2011, con proyectos comprometidos hasta 2025– indican que durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa se programaron 70 proyectos hidroeléctricos en 19 estados del país.

cfeLas obras que llevará a cabo la Comisión Federal de Electricidad han provocado diversos enconos sociales. Tal ha sido el caso de La Parota, en Guerrero: la hidroeléctrica fue cancelada por el gobierno estatal, aunque permanece en los planes del gobierno federal en el proyecto planeado para el periodo 2011-2025.

Bajo el pretexto del desarrollo regional, los megaproyectos se han caracterizado en México y el mundo por desplazar a comunidades enteras, dejar sin acceso a la alimentación a miles de personas y de carecer de consulta en las comunidades afectadas previo a su ejecución.

Los documentos oficiales indican que Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Veracruz son las entidades donde se tienen presupuestados en los propósitos oficiales.

proyecto CFEGuerrero, gobernada por el perredista Ángel Aguirre Rivero; Jalisco, por el priísta Jorge Aristóteles Sandoval Díaz; Oaxaca, bajo la administración de Gabino Cué Monteagudo; y Veracruz, al mando de Javier Duarte de Ochoa, son los que más esquemas hídricos presentan.

Además de las hidroeléctricas, la administración panista impulsó la construcción de cuatro presas, mediante la Comisión Nacional del Agua (Conagua): El Zapotillo y El Purgatorio, en Jalisco; El Realito, en San Luis Potosí, y Paso Ancho, en Oaxaca.

El documento Han destruido la vida en este lugar. Megaproyectos, violaciones a derechos humanos y ambientales en México –elaborado por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez– indica que además del impacto ambiental, los megaproyectos y la extracción de recursos naturales “generan un amplio abanico de problemas a las personas que viven en áreas afectadas. En el peor de los escenarios, provocan el desplazamiento de los integrantes de la comunidad, se dañan los medios de subsistencia, se destruye la red social y se rompen los lazos culturales con el área geográfica.

“Las personas desplazadas, si no pueden regresar, entonces tienen que luchar para obtener una compensación suficiente y condiciones mínimas para reubicarse en un nuevo lugar, obtener una vivienda y restablecer a la familia; aunque para las personas afectadas, no hay manera de reparar plenamente el daño causado por el desplazamiento forzado.”

Desplazados

En Conflictos por el uso del agua en las políticas de escala de la configuración territorial de grandes presas hidroeléctricas en México, Olvera Medina, geógrafa de la UNAM, explica que se despoja del agua a las comunidades y pueblos: “esta escasez afecta su reproducción social y es tangible en la falta de alimento y salud, porque el río pierde la vida al pasar por la turbina, y en el proceso que continúa a la producción de la hidroelectricidad”. Y agrega: “la memoria de pueblos y comunidades, a raíz de esta producción espacial, nutre las luchas en oposición a la construcción de más presas hidroeléctricas. Los conflictos por los usos del agua son procesos políticos; en su dimensión espacial implican una forma jerárquica de las relaciones sociales, que establecen el consumo de volúmenes y calidad de ciertos usos del agua, para determinados territorios, con base en la disponibilidad tecnológica, la cual responde a los intereses de un modelo de inversión específico de capital; éstas condiciones marcan la temporalidad y transformación del conflicto”.

megaproyectos en México

Pueblos despojados, sin consulta

El abogado mixteco Francisco López Bárcenas dice que el Estado no ha tomado en serio los derechos de los pueblos indígenas, en la mayoría de los casos en donde se ejecutan los megaproyectos.

“No hay una mínima voluntad en decir que hay pueblos indígenas. Hay gente que tiene derechos muy específicos por su diferencia cultural y se deben atender; de lo contrario, inician una serie de violaciones de derechos que empieza con la de ser pueblos.”

La Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas señala en sus primeros artículos que todo pueblo tiene derecho a “existir”, “al respeto de su identidad nacional y cultural” y a “conservar en paz la posesión de su territorio y de retornar allí en caso de expulsión” (artículos 1, 2 y 3, respectivamente).

desplazadosLópez Bárcenas agrega que el derecho a consulta es procedimental y no se ha llevado a cabo, lo que significa la primera violación. “En México tenemos un grave problema, no tenemos legislación sobre el derecho a ésta [la consulta]. Sin embargo, sí hay, a nivel internacional, normas, jurisprudencia, opiniones de los expertos de la Organización Internacional del Trabajo que dicen que por lo menos debería haber en principio una consulta de buena fe, que no es un asunto moral sino jurídico”.

El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes dice que “los gobiernos deberán de consultar a los pueblos interesados cada vez que prevean medidas susceptibles de afectarles directamente y establecer los medios a través de los cuales puedan participar libremente en la adaptación de decisiones en instituciones electivas y otros organismos. Asimismo, se reitera que los pueblos indígenas y tribales deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.

Entre las condiciones mínimas que se requieren para hacer esta consulta, explica el abogado, se debe de otorgar información previa, pactar con los consultados qué mecanismos se van a usar, cómo se van a hacer las consultas, de qué medios se van a valer para allegarle a la gente información que les haga tomar una decisión libre y, finalmente, ver qué se hace con los resultados.

López Bárcenas dice en entrevista que, de acuerdo con el derecho internacional, los resultados de la consulta son cuatro: que acepten el proyecto, lo rechacen, lo acepten parcialmente y entonces se tenga que modificar o lo acepten con condiciones. “Nada de eso se ha observado en ninguno de los casos que se han hecho en México y ésa es una violación sistemática de derechos humanos”, observa.

Sin acceso a la vivienda

Miloon Kothari, exrelator de Vivienda de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), asegura que  una de las violaciones que también se ejecutan sobre los pueblos indígenas es la falta de acceso a una vivienda digna. “Hay una total falta de sensibilidad del gobierno para atender este problema”.

En 2003, el entonces relator de la ONU recomendó al gobierno de Vicente Fox que, en vista de las condiciones precarias en que viven muchos de los pobres, hiciera hincapié en que la “solución a los problemas de la vivienda en México deben basarse en un enfoque humanitario y de derechos humanos combinado”.

campamentoSugirió la creación de un “fondo humanitario nacional para la vivienda”, que podría estar coordinado por el comisionado Nacional de Fomento a la Vivienda y proporcionar fondos a los institutos estatales a fin de resolver problemas urgentes, no sólo de las comunidades afectadas por inundaciones o terremotos, sino también de las personas que carecen de un alojamiento o de materiales adecuados y que han quedado sin hogar debido a los desalojos y los desplazamientos”.

La cuestión de los desalojos mereció atención particular en México y exigió al gobierno panista que “se apliquen criterios multisectoriales que cuenten con el aporte de muchos interesados” y recomendó la creación de un grupo de trabajo encargado de examinar esta problemática. A la fecha, no hay avance en la materia.

Monti Aguirre, activista de International Rivers, comenta en entrevista que estos megaproyectos han significado un jugoso negocio para las trasnacionales y bancos internacionales, lo que ha impedido interponer los intereses de la sociedad ante el capital.

La experta explica que la financiación de estos proyectos se dio desde 1950 hasta parte de 1990 en América Latina, a través del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Situación que ha cambiado hoy en día debido a la presión de la población que se ha visto afectada.

Comenta que a partir de ello, el Banco Mundial disminuye en todo el mundo el financiamiento de estos proyectos y adopta las políticas de salvaguarda. Sin embargo, a partir de 2000 comenzaron a salir nuevos proyectos y no ha sido fácil identificar las fuentes de financiación.

“Hoy vemos –dice– empresas grandes españolas, italianas, bancos con capitales superiores a los del Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Central de Brasil. Hay mucho dinero de por medio y toda una política energética de expansión internacional”.

Fuente: contralinea.info

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3 comentarios en “Desplazamiento forzado de Comunidades Indígenas en México

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