El mundo indígena en el 2015 | México

diversidad indígena méxico
México es el país de América con mayor cantidad de población indígena y con mayor cantidad de lenguas originarias habladas en su territorio: 68 lenguas y 364 variantes dialectales registradas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional de Población (CONAPO) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) registran 16.933.283 indígenas en México, lo que representa el 15,1% del total de mexicanos (112.236.538).1 Se trata de un crecimiento sostenido por las tasas más altas de fecundidad  indígena, relativizadas sólo en parte por la mayor mortalidad general (con diferenciales importantes, persistentes y preocupantes en la mortalidad infantil y materna que, en algunos estados, llegan a triplicar los promedios nacionales).
El país firmó el Convenio 169 de la OIT en 1990 y, en 1992, se reconoció a México como nación pluricultural al modificarse el artículo VI de la Constitución. En 2001, como resultado de la movilización de los pueblos indígenas demandando la legislación de los “Acuerdos de San Andrés” -negociados en 1996 entre el Gobierno y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)- se reformaron los artículos 1, 2, 4, 18 y 115 de la Constitución mexicana. A partir de 2003, el EZLN y el Congreso Nacional Indígena (CNI) iniciaron la puesta en práctica de los Acuerdos a lo largo de sus territorios, creando gobiernos indígenas autónomos en Chiapas, Michoacán y Oaxaca. Aunque los estados de Chihuahua, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y San Luís Potosí cuentan con disposiciones en materia de pueblos indígenas en sus constituciones estatales, los sistemas jurídicos indígenas aún no son completamente reconocidos. En 2007, México votó a favor de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas.
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La salud de los pueblos indígenas continúa siendo un determinante que influye decisivamente en sus condiciones de vulnerabilidad, reconocida por el Estado, pero apenas paliada por la insuficiencia de programas y proyectos. La “cobertura universal” proclamada por el Estado mexicano “requiere de un gasto público del 6% del PIB” –señala la Organización Mundial de la Salud–, mientras que “en México es entre 3,05 y 3,2 %”, afectando naturalmente a los sectores más pauperizados (indígenas rurales y marginados urbanos).2
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salud-indigena-_c3977Surgido con casi un año de retraso en la actual administración, el Programa Nacional de Salud de la Secretaría de Salud (SSa) enfatiza la importancia de dos estrategias: la del Seguro Popular de Salud y la Cruzada Nacional contra el Hambre, esta última coordinada por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL). Además, el gobierno ha promocionado Prospera, como el programa superador de la pobreza. Sin embargo, con más de un año de aplicación, los resultados son decepcionantes: los porcentajes de pobres son iguales a los de 1992, y 600.000 personas que dejaron el programa Oportunidades por haber “superado sus niveles de pobreza” han tenido que ser reincorporados al Prospera. Es significativo que los municipios elegidos por el Consejo Nacional de Evalución de la Política Social (CONEVAL) para evaluar la estrategia sean, casi sin excepción, indígenas del norte, centro, sur y sureste del país.3
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El Seguro Popular, que ha captado un amplio porcentaje de población indígena, ofrece, en realidad, un “paquete médico” de cobertura restringida, con derechos y servicios que están por debajo de los reconocidos constitucionalmente. La “Carencia por acceso a la seguridad social por pertenencia indígena” (evaluada por CONEVAL) muestra que el 81% la padecía, frente al 59,1% de la media nacional; mientras que la “Carencia por acceso a los servicios de salud” era de 24,3% para los indígenas frente al 21,2% de los no indígenas. Además, según la propia CONEVAL y el Consejjo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), “el porcentaje de población indígena en pobreza se ha mantenido sin cambios estadísticamente significativos (71,0 % en 2008, 74,4 en 2010 y 72,0 en 2012). En 2012, siete de cada diez personas indígenas se encontraban en pobreza, mientras que alrededor de cinco de cada diez sobre el total de la población no indígena se encontraba en esta condición.” Adicionalmente, la “Carencia por acceso a los servicios básicos de la vivienda” (agua potable o entubada, disposición de excretas, drenaje y alcantarillado, hacinamiento, etc.) fue del 37,% para los indígenas frente al 12,6% de los no indígenas mexicanos.
goldcorp-me-enferma-rendicion-cuentas-corporativas-bajaEn el último año han crecido las denuncias por la afectación a la salud de los indígenas debido a la exposición de contaminantes de empresas mineras y agroindustriales, deterioro de los ecosistemas, desnutrición aguda y crónica, alcoholismo y severos problemas gineco-obstétricos, con un crecimiento significativo de las enfermedades crónico-degenerativas (diversos tipos de cáncer, padecimientos cardiovasculares, diabetes mellitus y cirrosis hepática, principalmente), mientras se mantienen tasas altas de infecto-contagiosas. Las evaluaciones más objetivas (entre ellas las de CONEVAL) subrayan el problema de la baja calidad de los servicios y “la falta de condiciones adecuadas en el primer nivel de atención, en el que 30 % de las unidades de primer nivel de los sistemas estatales de salud (SSa) sólo cuenta con un médico pasante sin supervisión alguna”.4
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El flagelo de la violencia, por un lado, y la criminalización de las protestas indígenas y populares, por otro, ha provocado que se minimicen los efectos de aquélla en términos de morbilidad y mortalidad.
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Migración indígena y remesas indígenas en México
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En el contexto de los cambios derivados del proceso de globalización mundial, la migración interna e internacional de la población indígena se ha intensificado, constituyéndose en uno de los principales fenómenos que influye en su situación económica, política, social y cultural, e incluso en su distribución espacial. Las migraciones explican la presencia de los indígenas en fronteras internacionales (norte y sur), puntos de cruce hacia otros países, ciudades medianas, grandes y pequeñas, zonas de desarrollo agrícola, lugares de importancia turística, incluso en Estados Unidos y, más recientemente, en Canadá, donde se incorporan en diversos mercados de trabajo.
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grafica-ocde-desigualdadLa desigualdad social y económica que prevalece en México juega un papel relevante en la explicación del proceso migratorio y se refleja por ejemplo en el índice de marginación.  Entre los municipios con mayor presencia indígena de diversos estados del país se presenta el índice más alto de marginación, con 48 municipios de Chiapas, 43 en Guerrero, 220 en Oaxaca, 39 en Puebla y 41 en Veracruz. Lo mismo ocurre en la situación del empleo entrela población ocupada hablante de lengua indígena (HLI). En 2010, los empleados u obreros hombres alcanzaron el 25,9% y las mujeres, el 38%; los jornaleros agrícolas o peones, el 19,8% de hombres, respecto al 9% de mujeres (INEGI, 2010).Marginación federatica méxicoAlgunos investigadores han estimado que las remesas indígenas podrían estar en el orden del tercio de los envíos totales registrados. Y, muy probablemente, existirá otro monto nada desdeñable de los envíos no registrados. De ser cierto, y sólo como un ejemplo también hipotético derivado de esa estimación, las remesas indígenas superarían ampliamente no sólo los recursos económicos que la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), organismo del Gobierno mexicano especializado en el tema, destina a los pueblos originarios, sino que también se situarían por arriba del total de la inversión sectorial federal para pueblos indígenas.
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Continúa el despojo a los indígenas
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En el año 2014 continuó el despojo que desde décadas atrás viene implementando el gobierno contra los pueblos indígenas para favorecer a las empresas transnacionales. Como ya se ha documentado en años anteriores, el gobierno mexicano reformó las leyes y transformó las instituciones gubernamentales encargadas de ponerlas en práctica, para que las empresas que ambicionan apoderarse de los recursos naturales localizados en territorios indígenas puedan hacerlo, pasando inclusive por encima de los derechos reconocidos en el ámbito internacional, así como la jurisprudencia aprobada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al resolver casos que han sido sometidos a su consideración.
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Frente a este tipo de políticas, los pueblos resisten. Unos pelean contra el despojo minero, entre ellos los nahuas de Jalisco, Guerrero, Colima y la sierra norte de Puebla, a quienes se unen los wixaritari también de Jalisco, los na savi de Guerrero, los zapotecos Oaxaca y los tononacos de la Sierra Norte de Puebla, por mencionar los más visibles.
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En defensa del agua sobresale la resistencia de los yaquis contra el acueducto Independencia; los guarijios, que han sido desplazados por la construcción de la presa Pilares; los pueblos de Cacahuatepec, Guerrero, agrupados en el Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota; el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER) que se oponen a la presa Paso de la Reina, en la costa oaxaqueña; los pueblos wixaritari y coras, que luchan contra la construcción de la presa Las Cruces, en Nayarit; los cucapá, que no pueden desarrollar sus actividades de pesca, indispensables para su subsistencia, porque el gobierno condiciona los permisos a la aceptación de una consulta.
El pueblo Yaqui asegura que no cejará en su lucha por el agua que les pertenece por historia y por decreto de 1940

El pueblo Yaqui asegura que no cejará en su lucha por el agua que les pertenece por historia y por decreto de 1940.

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Otras luchas importantes son las que libran los pueblos indígenas contra las empresas eólicas, como las de los ikoots (huaves) y zapotecos del istmo oaxaqueño, los mayas de la península de Yutatán, los kiliwa de Baja California; por la defensa del maíz nativo contra la invasión del maíz transgénico, que se desarrolla en varias comunidades de Jalisco,  Oaxaca, Tlaxcala, Chiapas y Guerrero, o la comercialización de la biodiversidad vía servicios ambientales.
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El reclamo de respeto de derecho a la consulta en los tribunales ha tenido diversos resultados. En general, los juzgados de distrito (que funcionan como jueces de primera instancia para este tipo de juicios) dan la razón a los reclamantes, pero cuando las autoridades apelan la sentencia ante el superior de los juzgados (los tribunales colegiados o la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN), éste también reconoce el derecho y concede el amparo, pero casi nunca anula el acto, como debería hacerse, sino que permite que continúe, lo que anula la protección que debe otorgar. Es el caso de los yaquis con el Acueducto Independencia, los de huetosachi en Chihuahua, los na savi de Guerrero.
 
Por otro lado, el gobierno federal, viendo que los tribunales están dando la razón a los pueblos en el reclamo del respeto de su derecho a la consulta como forma de defender sus territorios, ha secuestrado este derecho, convirtiéndolo de derecho de los pueblos a facultad del Estado: no desconoce el derecho, pero se arroga la facultad de decidir dónde, cuándo y cómo se ejercita. Como parte de esa estrategia, arma protocolos que después propone a los pueblos. En las etapas previas a la propuesta de consulta ofrece financiamiento para obras que hacen falta en los pueblos, y cuando ni así lograr controlar a los pueblos, surgen amenazas y agresiones a los reclamantes.
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La represión es otro mecanismo del gobierno y las empresas para detener la lucha de los pueblos cuando los legales o económicos no le funcionan. Es el caso de la señora Enedina Fuentes Vélez, presidenta del comisariado ejidal de San Felipe Xonacayucan, Puebla, presa por defender sus tierras contra la instalación de un gasoducto que atravesaría los estados de Morelos Puebla y Tlaxcala; es el caso tamién de Marco Antonio Suástegui, vocero del CECOP, o el de Bettina Cruz Velázquez, integrante de la Coordinación General de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el territorio, o de Néstora Salgado García, comandante de la Policía Comunitaria en el municipio Guerrerense de Olinalá.
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mapa conflictos empresas y pueblos indígenasEn el noroeste de México se han desatado numerosos conflictos socioambientales relacionados con los usos del territorio y los recursos naturales. Y, en buena medida, estos conflictos afectan especialmente a los pueblos indígenas, quienes ocupan buena parte de las tierras ejidales y comunales, bosques y selvas del país. Destaca el caso del pueblo yaqui y el acueducto Independencia en Sonora, que pretende trasvasar 75 millones de m3 de agua al año desde el río Yaqui, en la presa Plutarco Elías Calles (El Novillo) hasta la ciudad de Hermosillo, donde se asientan varias grandes empresas transnacionales como la automotriz Ford, la cementera Holcim Apasco, las refresqueras Coca-Cola, Pepsico y Big Cola. El acueducto, de 172 kilómetros de tubería de acero y con un costo de 3.860 millones de pesos, fue licitado, construido y actualmente está en operación (al 25% de su capacidad) sin haberse respetado cinco suspensiones cautelares emitidas por el Poder Judicial de la Federación, que obligaban al Estado mexicano a interrumpir la obra. Después de tres años de litigio, la SCJN otorgó un amparo a favor de la tribu yaqui (2013) ordenando la apertura de un proceso de consulta de acuerdo a sus usos y costumbres. En septiembre de 2014, los voceros de la tribu yaqui, Mario Luna y Fernando Jiménez, fueron detenidos con auto de formal prisión.
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Los guarijíos de Sonora enfrentan también activa resistencia contra el proyecto denominado Sonora Sistema Integral: la construcción de la presa Los Pilares-Bicentenario en su territorio, iniciada en abril de 2014. Los promotores del gobierno estatal simularon el proceso de consulta y la aprobación de la presa por parte de los guarijíos, gracias a que consiguieron con amenazas y manipulaciones la firma de gobernadores tradicionales sin anuencia de sus asambleas, violando los acuerdos de lo que parecía que sería el primer proceso ejemplar de consulta indígena, con la participación de distintas agencias gubernamentales. Se espera todavía la resolución de un recurso de amparo interpuesto en 2013 ante el Séptimo Juzgado de Distrito de Sonora. Además de la amenaza de la presa, enfrentan el reto de enfrentar el interés que tienen distintas empresas en su territorio, que ya ha sido concesionado en un 33%. Su hábitat es de los menos contaminados, a pesar de lo cual observan disminución de la biodiversidad, especialmente desde la construcción de la presa Mocúzarit en el río Mayo en 1954.
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mapa proyectos_San Pedro MezquitalOtro de los conflictos por el uso del agua en el noroeste ocurre en el río San Pedro en Nayarit, único gran río del país donde no se ha construido una presa. Los pueblos indígenas y mestizos que viven en su cuenca han opuesto desde 2010 activa resistencia a la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces, a cargo de CFE, que afectará numerosos sitios sagrados náyeris, wixárikas, tepehuanos, mexicaneros, además de dañar de forma irreversible el equilibrio ecológico de las Marismas Nacionales, una de las reservas más importantes para la biodiversidad del planeta y de ocasionar daños económicos de consideración a los pueblos de los valles contiguos. Los casos que se han citado no agotan las prácticas de despojo contra los pueblos indígenas de México, y sí muestran, acaso, que se trata de una política que abiertamente atenta contra sus derechos. Y contra los cual ellos resisten, porque saben que en ello no solo les va la vida sino el futuro de la humanidad.
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EZLN y Ayotzinapa
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El primero de enero del 2014 el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) cumplió 20 años desde su levantamiento armado en el estado de Chiapas. Veinte años de reivindicar la autonomía de sus comunidades y reafirmar su voluntad de fortalecer la resistencia contra el acoso que sufren de parte de las autoridades y del ejército mexicano. A pesar de que el gobierno del país no ha cumplido los Acuerdos de San Andrés, firmados ya hace más de 18 años, el EZLN ha seguido creciendo en organización, y esto se nota en la apertura a la sociedad civil de su proyecto educativo conocido como escuelita zapatista y de los caracoles (regiones organizativas autónomas zapatistas) y las Juntas del Buen Gobierno.
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El 2 de mayo de 2014, miembros de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), las fuerzas paramilitares y los mandos de contrainsurgencia del Estado, planearon y asesinaron al líder de la Junta de Buen Gobierno y maestro de la escuelita autónoma zapatista de “La Realidad”, José Luis Solís López, “Galeano”. Este acto provocó que las bases zapatistas y el EZLN se reunieran el 24 de mayo en el poblado de “La Realidad” para conmemorar la vida del teniente Galeano. En dicha reunión, el subcomandante Marcos anunció su muerte como personaje y como vocero del EZLN. Al mando y como vocero quedó el sub comandante insurgente Moisés, y se creó la figura del sub comandante Galeano, qué será una figura de la colectividad zapatista.
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El 15 de noviembre del 2014, y tras los hechos lamentables suscitados el 26 de septiembre, en donde se asesinó y se hizo desaparecer a 43 normalistas de Ayotzinapa, el EZLN recibió a los padres y familiares de los normalistas para escucharlos y expresarles su total apoyo en esta difícil tarea de buscar y pedir justicia por sus familiares desaparecidos.
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El 26 de septiembre, estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, habían sido atacados por policías municipales de Iguala y Cocula; tres murieron, 25 resultaron heridos y 43 más fueron detenidos y permanecen en calidad de desaparecidos. A partir de ese momento, según la versión oficial, nada se sabe de los normalistas. Once días después, el presidente Enrique Peña Nieto habló por primera vez sobre el caso y, el mismo día, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado mexicano que otorgue medidas cautelares en favor de estudiantes de la escuela rural. La Organización de Estados Americanos calificó el crimen como inhumano y absurdo, y pidió a México una investigación completa y transparente. La oficina local de la ONU urgió a México a una búsqueda efectiva de los jóvenes, tras solicitar medidas de protección para los sobrevivientes y familiares de los desaparecidos de Ayotzinapa. Representantes del gobierno mexicano y de los afectados por el caso Iguala firmaron un acuerdo para que la CIDH brinde asistencia técnica en las investigaciones.5  Al cierre de esta edición (el 2 y 3 de febrero de 2015) el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra, puso a revisión por primera vez la situación en México en materia de desaparición forzada. A la sesión asistieron las madres y los padres de los normalistas desaparecidos en Iguala.6
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Este es, sin duda, un caso que ha cimbrado a México y la comunidad internacional. Sin embargo, prácticamente ningún medio ha hecho referencias a que gran parte de los estudiantes de Ayotzinapa son de extracción indígena. Nahuas, mixtecos y amuzgos en su mayoría, acuden a una de las pocas opciones de educación superior a las que pueden acceder los hijos de indígenas campesinos de la región, ya que Guerrero es considerado uno de los estados más pobres del país, situación que contrasta con la riqueza minera que lo ubica en primer lugar de la producción nacional de oro, aunque también de amapola. Ayotzinapa recuerda el fracaso del Estado mexicano para proteger las garantías individuales, en particular, de sus ciudadanos indígenas,; ejemplifica la colusión de las autoridades con el crimen organizado en acciones de violaciones de derechos humanos; destapa las acciones de las policías municipal y federal, así como del ejército mismo, en actividades de desaparición forzada de jóvenes estudiantes indígenas; y nos enfrenta, sin duda, a la realidad que viven miles de personas en México que son marginadas del acceso a la justicia.

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Referencias
Conapo, 2010, Estimaciones del CONAPO con base en INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI, 2011, Censo de Población y Vivienda 2010 , INEGI.
Rojas Rangel, Teresa, 2010: “Las niñas y los niños jornaleros migrantes en México; condiciones de vida y trabajo”, Revista Sociedad Latinoamericana, México, vol. 1, núm. 7, FES-Aragón, UNAM.
Sanchez García, Carolina, 2003: Territorio, cultura e identidad: la reconfiguración de la identidad colectiva y la territorialización de los mixtecos en la colonia Obrera 3ª. Sección de Tijuana, Baja California, IIA, FFyL, UNAM, Tesis de maestría.
Conapo, Población indígena internacional en la migración temporal a Estados Unidos, Boletín editado por el Consejo Nacional de Población, Año 5, núm. 14, 2001.
Fundación BBVA y Servicio de Estudios Económicos México de BBVA Bancomer, Migración México, disponible en https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2015/02/2015-02-03-FlashMigracionMexico_01.pdf, consultado el 16 de febrero de 2015.
Notas y referencias
1 COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA (CEPAL), LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE AMÉRICA LATINA: Avances en el último decenio y retos pendientes para la garantía de sus derechos, CEPAL, Santiago, Chile, 2015, p. 27.
2 Asa Cristina Laurell, “Cobertura sin atención”, http://www.jornada.unam.mx/2014/07/08.
3 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), Informe de evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014, México, CONEVAL, 2014, pp. 32-35.
4 Gustavo Leal, “Salud: el mito de la universalidad”, http://www.jornada.unam.mx/2014/04/26. Asa Cristina Laurell, Art. Cit.
6 Ayotzinapa en Ginebra: no aplauden al Estado mexicano: http://www.jornada.unam.mx/2015/02/10/opinion/016a1pol
José del Val, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC-UNAM).
Jesús Armando Haro, investigador del Colegio de Sonora.
Francisco López Bárcenas, abogado asesor de comunidades indígenas, miembro del pueblo mixteco.
Juan Mario Pérez Martínez, secretario Técnico del PUIC-UNAM.
Carolina Sánchez, secretaria Académica del PUIC-UNAM.
Carlos Zolla, coordinador de Investigación del PUIC-UNAM

En El mundo indígena 2015, editado por Cæcilie Mikkelsen, pp. 74-82. Coppenhagen: IWGIA (http://www.iwgia.org/images/stories/sections-esp/regiones/latin-america/docs/MI2015/Mexico_MI2015web.pdf).

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